El rescate con
fondos públicos de entidades financieras es una decisión política que dista de
agotarse en su momento inicial. La entrada del Estado en el capital de una
entidad tiene consecuencias susceptibles de valoración diversa, pero que
comportan una responsabilidad que debe ejercitarse
de manera continuada a lo largo de todo el período en el que la intervención que
suele acompañar ese rescate —aportar dinero público a los mismos gestores que
crearon esa necesidad no parece admisible— se prolongue. El caso de la
investigación de las tarjetas de crédito en Bankia es un ejemplo reciente que
veremos a dónde lleva, pero hoy deseo recoger distintas noticias derivadas de
la resolución de un juez estadounidense en relación con dos entidades
hipotecarias que tuvieron el honor de aparecer entre las principales rescatadas
en los inicios de la crisis financiera: Fannie Mae y Freddie Mac.
En esta ocasión,
lo que se planteaba por una serie de inversores financieros devenidos
accionistas de ambas compañías era la ilegalidad del “barrido” de los dividendos que, una vez saneadas, estaban produciéndose,
de los que el Tesoro estadounidense se había convertido en único beneficiario
al amparo de la legislación reguladora del citado rescate.
Los accionistas
privados reivindicaban su derecho a participar en el reparto una vez que el
Tesoro habría recibido el importe de su inversión directa en ambas compañías
(más de 188.000 millones de dólares). Sin embargo, su acción fue rechazada por
el Juez Royce Lamberth en una decisión que se dio a conocer el pasado 30 de
septiembre de 2014 y que ha tenido una enorme cobertura informativa, siendo
objeto de elogios y críticas. La decisión y otras resoluciones accesorias las
ofrece el blog especializado timhoward717.
Es preciso recordar que éste no es el único procedimiento en el que se
planteaba el problema, puesto que acciones similares penden ante otras cortes
estadounidenses, como se desprende de la información de bloomberg.
El debate parece
haber sido esencialmente normativo, puesto que lo que hace la resolución
judicial es que la letra de las normas que ampararon el rescate de las citadas
entidades era clara y legitimaba el comportamiento del Gobierno. La disconformidad
de los demandantes, decía la resolución judicial, debería orientarse hacia los
legisladores. Ese argumento se reproduce en las opiniones a favor de la
decisión del Juez Lamberth, entre las que me parece destacable el editorial de The Wall Street Journal “Godzilla
defeats the Thing” de la edición del 3-5 de octubre de 2014 (p. 12).
Allí se destaca
que todos los dividendos de Fannie Mae y Freddie Mac se han basado en la
aportación pública y, sobre todo, en un intangible decisivo: la garantía pública
de ambas que es la que el mercado valora especialmente y de la que han nacido
los ejercicios positivos que han dejado esos dividendos que ahora se reclaman.
“Nobody
has written more about this Administration's legal abuses than we have, but
Judge Lamberth appears to be right on this one. His ruling cites the
"plain meaning" of the 2008 law under which the government put Fan
and Fred into federal conservatorship, which says that "no court may take
any action to restrain or affect the exercise of powers or functions" of
the company's conservator. The senior jurist suggests that if investors have a
gripe, it's with Congress for writing the law.
Judge
Lamberth is arguably being too kind to the plaintiffs, because the $188 billion
in direct support was hardly the only public assistance to Fan and Fred.
According to Larry Wall, a researcher at the Federal Reserve Bank of Atlanta,
"The claim that the taxpayers and Treasury have been fully repaid for
their support of Fannie Mae and Freddie Mac is based on an accounting
calculation that does not withstand economic analysis."
He adds
that, among other problems, this claim "attributes no value to the
government guarantee to absorb whatever losses arose in the pre-conservatorship
book of business, and arguably reflects Treasury setting too low of a dividend
rate on its senior preferred stock. Moreover, the profits that are being used
to pay the dividends did not arise from the contributions of private
shareholders but rather entirely reflect risks borne by the Treasury and
taxpayers".”.
Como se ve,
estamos ante un debate político que incide de lleno en la gestión de las
sociedades rescatadas y que, según nos enseña este caso, no debiera dejar de
preverse en la legislación correspondiente. Una de las ideas más repetidas en
la crisis es que ésta se afrontó asumiendo que los beneficios habían ido a
parar a bolsillos privados (siendo intolerable que los gestores que eran
despedidos de entidades en dificultades recibieran indemnizaciones
exorbitantes), mientras que las pérdidas las asumía el Estado correspondiente.
Lo que se plantea ahora es si esa intervención pública —que se califica como “la cortesía de los contribuyentes”— se
realiza a partir de la premisa de que se cobrará: que sólo una vez que el
esfuerzo financiero de salvamento se hubiere compensado es cuando podrán
recibir dividendos otros accionistas. La cuestión es decisiva en procesos de
rescate donde la recuperación del valor de entidades intervenidas pasa por una
progresiva salida del accionista público y su sustitución por nuevos
inversores. ¿Cómo atraer a éstos, si no
se les ofrece una rentabilidad? Claro que, ¿cómo explicar que los fondos
públicos se apliquen a cubrir pérdidas y recuperar la solvencia, abandonado el
escenario cuando empieza la fiesta?
Madrid, 6 de
octubre de 2014
