En
la edición en papel de Expansión del pasado lunes 14 de octubre (pp. 8 y 9),
coincidiendo con la presentación de las recomendaciones que para mejorar
nuestra legislación en materia de gobierno corporativo ha elaborado el Grupo de
Expertos y a la que dediqué una entrada
previa, se ofrecía una información realmente interesante por su contenido y por
su minuciosidad. A doble página y bajo el título “Los grandes fondos de EE.UU.
se rebelan en las juntas de los grupos españoles”, Roberto Casado expone la
posición crítica que en las juntas generales de no pocas sociedades cotizadas
españolas vienen ejerciendo los grandes fondos de inversión y, dentro de éstos,
los procedentes de Estados Unidos.
El
reportaje de Roberto Casado detalla el sentido del voto de cada uno de esos
fondos y el asunto con respecto al que se produjo. Lo que pone de manifiesto la
información es que carece ya de fundamento incluir a estos inversores
institucionales en la categoría de accionistas tendentes a la abstención en el
ejercicio de sus derechos políticos. Tampoco puede sorprender que el voto
contrario a las propuestas presentadas por los órganos de administración se concentre en
aquellas materias en las que año tras año se ha venido alertando sobre la mejorable
práctica de nuestro mercado societario. Destacan el nombramiento de consejeros
(sobre todo de varios que se presentan bajo la calificación de independientes)
y por encima de cualquier otra materia, los informes de retribuciones. Que en
una sociedad cotizada, la remuneración del consejo de administración de lugar a
votos en contra o abstenciones que superan el 40% del capital, debe convertirse
en una llamada de atención para sus gestores y principales accionistas.
Madrid,
18 de octubre de 2013
