Ya me he referido en algunas ocasiones
al papel que viene jugando en el sistema financiero estadounidense el Consumer
Financial Protection Bureau (CFPB) y la polémica que desde su creación acompaña
a alguna de sus iniciativas. Se trata de una institución llamada a proteger los
intereses de los consumidores frente a determinados establecimientos
financieros que hasta ahora no estaban sometidos a una supervisión directa.
Esta vez, la referencia la justifica una noticia
que ofrecía hace unos días el Washington
Post y cuyo motivo era la publicación por el citado CFPB de un relevante
informe sobre la realización de los informes de crédito o de solvencia acerca
de los consumidores estadounidenses. Quienes hayan seguido la trayectoria de esta
nueva institución sabrán que no tiene competencias para actuar dentro de lo que
es propiamente el sistema bancario, sino con relación a lo que podríamos llamar
entidades que prestan servicios parabancarios como son las firmas que se
encargan de realizar un informe sobre la solvencia de cada potencial cliente de
una entidad de crédito.
En la Economía americana este tipo de
informes previos ha alcanzado una gran relevancia.
Lo que pone de manifiesto el informe en cuestión es que hay importantes
discrepancias entre lo que suelen ser los índices de solvencia de un consumidor
con respecto a aquellos que reciben o utilizan los posibles prestamistas. Se
dice que esta discrepancia perjudica a uno de cada cuatro potenciales clientes
y que las discrepancias que se dan en las valoraciones crediticias implica
también la necesidad de legislar en este ámbito para introducir una cierta
homologación o armonización en los procedimientos a seguir.
La noticia invita a plantear si es una
tendencia hacia la objetivación de las variables fundamentales de la
contratación. En este caso, al igual que sucede con las agencias de rating, nos
encontramos con la creciente importancia que cobran las agencias que valoran la
solvencia de cada uno de nosotros. Probablemente, en muchas entidades de
crédito ese tipo de servicios encuentra una forma de simplificar sus procesos
de estudio y decisión de las operaciones. El siguiente problema es el de
corresponder a esa importancia con una regulación adecuada.
Madrid, 8 de octubre de 2012
