Hace algunos días, la Iglesia de Inglaterra presentó el resultado de su cartera de inversiones, cuyo fondo alcanzó a finales del año 2010 un valor superior a 5.300 millones de libras. En la breve nota de explicación del fondo se detallan los aspectos principales de la inversión y, también, algunos de los criterios fundamentales que rigen su funcionamiento y sus inversiones.
Al hilo de esa presentación, un portavoz de la Iglesia anunció una nueva política de activismo por parte de la Iglesia en aquellas sociedades en cuyo capital participaba y en contra de los bonus excesivos que se consideran un problema moral. Aunque no se han concretado los criterios básicos de esa posición, su simple conocimiento ha tenido un inmediato efecto en los medios especializados. Valga la referencia al artículo publicado en el Financial Times: Church preaches against bonus excess que acertaba al señalar que estamos ante una posición de inspiración esencialmente moral:
“The Church of England is putting morality at the heart of the debate over executive pay, telling companies it will vote against “excessive” bonuses it believes are unjust.
The Church Commissioners, which manages a £5.3bn investment and property portfolio, has informed companies in which it holds a stake that it will not support any pay scheme where top managers would receive bonuses in excess of four times their annual salary.
“The Church exists to spread the gospel and the gospel is about justice for everyone,” a spokesman said. “That is why our ethical investment committee believes that people should be paid what they are worth, but not more than that.”
Placing such specific limits on pay vaults the Church to the centre of a heated debate over whether investors are putting enough pressure on large companies to rein in multimillion-pound bonus awards”.
El acierto de la información radica en destacar la influencia que puede tener el activismo de tan destacado accionista, que ejerce una indudable influencia sobre amplios sectores de la población. Como sucede ante el activismo de unos (los menos), lo que se destaca es el absentismo de otros (los más). El impacto de la noticia probablemente nazca de la concreción e inmediatez de la postura anunciada por la Iglesia, que ya fue anticipada por algunos de sus más destacados representantes. Basta con ver la interesante reseña de la conferencia que el pasado enero impartió el Arzobispo de Gales:
“The Archbishop of Wales has called on bankers and businessmen to adopt a moral code governing their professional conduct.
In a speech delivered on Jan 12 to the Profession Wales Group, Dr. Barry Morgan said the current climate of bankers’ bonuses was “immoral” and urged those taking a Masters of Business Administration (MBA) degree to adopt a code of conduct akin to the Hippocratic Oath taken by physicians.
The international financial crisis, the bankers’ bonus culture and the MPs’ expense scandal were evidence of the moral decline of the business professions, he argued. Ethical behavior was seen by some in industry as being contrary to good business practice, yet without the standards of trust and behavior the capitalist system would collapse, he said.
Government regulation would not fix the problem, however, as the issue was at heart one of morality rather than economics. He urged business to adopt a code of conduct proposed by professors at Harvard’s Business School”.
La reacción eclesiástica se reitera ante la permanente sacudida de la sociedad británica por las noticias que contraponen retribuciones exageradas en un marco general de crisis económica y de rescate público de entidades que, contra viento y marea, pretenden que prosperen esas retribuciones objeto de crítica. Esa pretensión plantea el problema de la retribución: se apela al criterio moral de los beneficiarios como origen de una limitación de los bonus; los destinatarios de esa apelación hacen caso omiso; los responsables de limitar esas retribuciones (el consejo de administración primero y la junta de accionistas después) no actúan, a pesar de las sucesivas normas de buen gobierno que les invitan a hacerlo.
Tal sucesión de “fiascos” individuales y colectivos abonan la posición de quienes reclaman una solución normativa que limite de manera directa (con topes máximos autorizados) o indirecta (habilitando la irrupción de órganos supervisores en el cuánto y cómo pagar) la retribución de administradores y directivos. En ese debate, la irrupción de la Iglesia inglesa y el anuncio de su posición venidera no van a pasar desapercibidos.
Madrid, 19 de abril de 2011
