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lunes, 15 de febrero de 2010

Nuevas iniciativas en materia de gobierno corporativo

Como he reflejado en este blog y en algunos de mis artículos publicados al hilo de las reacciones legislativas a la crisis financiera, ésta estaba llamada a servir de nuevo impulso para la revisión de las “normas” en materia de gobierno corporativo. Al margen de las reacciones en ámbitos internacionales, ese impulso se ha hecho especialmente visible en Gran Bretaña y Estados Unidos, al fin y al cabo dos de los mercados más sacudidos por la debacle de numerosas y grandes corporaciones, en las que el mal gobierno corporativo se ha señalado como una de las causas de la crisis.

Me limitaré a dos apuntes que son, sin duda, significativos por lo que proponen y por la influencia que tendrán.


En primer lugar, en enero de 2010, la Financial Services Authority ha presentado un nuevo documento titulado “Effective corporate governance (Significant influence controlled functions and the Walker review)”. Se trata de una iniciativa que enlaza con los trabajos e informes que se han venido registrando en Gran Bretaña como reacción ante la crisis financiera. Entre esos informes, juega un especial papel el Informe Walker, cuya versión definitiva se publicó el pasado 26 de noviembre de 2009.

Lo más relevante del documento que la FSA somete a consulta es que avanza en lo que puede calificarse como nueva forma de abordar el gobierno corporativo, que se remonta a 2008 y que ya no se limita a establecer determinadas estructuras y funciones del órgano de administración como fórmula para mejorar cómo se gobierna, sino que centra su atención en el correcto ejercicio de concretas funciones que se considera, con fundamento empírico, que resultan decisivas para la adecuada administración societaria. Se pasa así a adoptar reglas y recomendaciones sobre a quién se confían esas funciones. El énfasis en los procedimientos de selección de esas personas y en garantizar que el ejercicio por ellas de esa responsabilidad esencial se va a ajustar, en términos de dedicación y responsabilidad a esa gravedad.

En segundo lugar, la experiencia norteamericana también ofrece materiales interesantes. En el Vol. 65-número 1 (Noviembre 2009) de The Business Lawyer se incluyen dos referencias recomendables. La primera es el artículo del Profesor Brian Cheffins que plantea una de las cuestiones más repetidas: “Did Corporate Governance ‘Fail’ During the 2008 Stock Market Meltdown? The case of the S&P 500” y a la que da una respuesta negativa a partir de un estudio minucioso de cada una de las 37 sociedades que fueron excluidas del citado índice. Señala que 2008 fue el peor año vivido por los mercados bursátiles estadounidenses desde 1930 y que el principal reproche que puede hacerse a los sistemas de gobierno corporativo es que no sirvieron para impedir una reducción general del valor o patrimonio de los accionistas. A pesar de ello, afirma que funcionaron de forma satisfactoria algunos de los elementos clave del buen gobierno. Las dificultades vividas por muchas empresas no estuvieron originadas por fraudes –como en situaciones precedentes- y motivaron reacciones severas de muchos consejos de administración que reaccionaron oportunamente y destituyeron y reemplazaron a sus principales ejecutivos. La excepción negativa la apunta en el notorio mal gobierno de algunas instituciones financieras, cuyos consejos no actuaron de manera diligente y autorizaron retribuciones injustificables (por causa y por cuantía) a favor de sus directivos. La conclusión del estudio alcanza al programa de reformas normativas, que desaconseja:

“Moreover, though the U.S. system of corporate governance did not perform optimally during its 2008 stress test, along key dimensions it performed tolerably well under very difficult conditions. The case for fundamental reform is thus not yet made out” (p. 61).


La segunda recomendación alcanza a un interesante documento, publicado en la misma Revista (pp. 107-151), que puede también consultarse por internet y sobre el que la Profesora Mónica Fuentes publicará una nota en el número 117 (enero-marzo 2010) de la RDBB. Se trata del
Report of the Task Force of the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on Delineation of Corporate Roles and Responsibilities, que recoge el resultado de casi un año de trabajos orientados a que, como dice su presentación, “this Report will provide a context for policymakers, participants in the corporate governance process, and the public in considering responses to the current crisis”. Transcribo sus principales recomendaciones, dirigidas a distintos destinatarios, y que comienzan con una indicación general sobre las estrategias a largo plazo:

“Shareholders, boards, and the executives to whom they delegate management authority and those involved in legislative and regulatory reform initiatives should give special consideration to the long-term nature of corporate wealth-generating activity and strive to avoid undue short-term focus and pressures that may impede the capacity of the corporation for long-term investments and decisions necessary for sustainable wealth creation” (p. 149).


A partir de ahí, las recomendaciones alcanzan a los accionistas, consejos de administración, legisladores y supervisores:

“1. We recommend that shareholders:

· Act on an informed basis with respect to their governance-related rights in the corporation, and form company-specific judgments regarding such matters while taking into account their own investment goals.

· Apply company-specific judgment when considering the use of voting.

· Consider the long-term strategy of the corporation as communicated by the board in determining whether to initiate or support shareholder proposals.

2. We recommend that boards:

· Embrace their role as the body elected by the shareholders to manage and direct the corporation by: (a) affirmatively engaging with shareholders to seek their views; (b) considering shareholder concerns as an important data point in the development and pursuit of long-term corporate strategy; and (c) facilitating transparency by ensuring that shareholders are informed of the company’s efforts toward achieving its identified long-term goals and objectives.

· Acknowledge that, at times, the company’s long-term goals and objectives may not conform to the desires of some shareholders, and be prepared to explain board decisions nevertheless to pursue such goals and objectives to shareholders and the market.

· Disclose with greater clarity how incentive packages are designed to encourage long-term outlook and to reward steps toward achieving longterm strategies while discouraging unduly risky behavior.

3. We recommend that policy makers and regulators:

· In the context of reform initiatives, understand the rationale for the current ordering of roles and responsibilities in the corporation and assess the impact of proposed reforms on such ordering.

· Carefully consider how best to encourage the responsible exercise of power by key participants in the governance of corporations so as to promote long-term value creation.

· Ensure that there is equal transparency of long and short, and direct and synthetic, equity positions of shareholders”
(pp. 149-151).


Madrid, 15 de febrero de 2010